Ley de Indultos favorecerá a 121 reclusos en la Provincia de Ñuble, incluyendo a 18 reclusos de Bulnes

Luego que se conociera que el Congreso aprobó la Ley de Conmutación de Penas -llamada Ley de Indultos- de inmediato se destacó que la medida legal favorecería a unos 6.616 reclusos del país, lo que significa más de un 10 por ciento del total de internos, que en el país se estima en cerca de 57 mil personas.


En lo que a Ñuble respecta, la lista de posibles indultados incluiría 121 nombres, 11 de ellos mujeres y tres ciudadanos extranjeros.
Conforme al desglose entregado por Gendarmería Regional, en Chillán los favorecidos serán 63 hombres y el total de las mujeres de la lista.
En San Carlos en tanto, serán 16 hombres; en Quirihue 4, en Bulnes 18 y otros 10 en Yungay.


“Esto supone casi el 10 por ciento de la población penal de la cárcel de Chillán, lo que no es poco”, destacó el jefe de la Defensoría Penal Pública, Ricardo Robles, quien agregó que el espíritu de esta ley “marcha en la línea del Gobierno de hacer un uso racional de las cárceles, no se trata de un perdonazo ni de destrancar la llamada puerta giratoria, por lo que esto va directamente a descomprimir el hacinamiento carcelario”.


La iniciativa, presentada tras el incendio en la cárcel de San Miguel, que en 2010 dejó a 81 presos muertos, fue aprobada el miércoles por la Cámara de Diputados, por 90 votos a favor y 10 en contra.


El texto contempla que condenados por delitos de baja complejidad y con buena conducta podrán cumplir lo que les queda de su pena en libertad, bajo un régimen de vigilancia.


A su vez el seremi de Justicia, Roberto Coloma, dijo a LA DISCUSIÓN “que estamos hablando de personas que están privadas de libertad por no haber pagado una multa, por ejemplo, o que están cumpliendo un régimen de reclusión nocturna”.


Coloma enfatizó que quedarán excluidos de este beneficio quienes estén privados de libertad por delitos violentos, como los robos con violencia e intimidación, condenados por delitos sexuales, por homicidios y por sobre todo, quienes estén pagando culpas por tráfico de estupefacientes de cualquier tipo.



Condicionales
Los pasos a seguir, tras la aprobación de la ley en la Cámara Alta, es la aprobación presidencial, la que debería materializarse la próxima semana, y su futura publicación en el Diario Oficial, lo que en suma se estima en unos cinco meses.


Una vez que los favorecidos estén en la calle, estos estarán sujetos a ciertas restricciones. “No se trata de un perdonazo, así que deberán firmar un compromiso de no cometer ningún tipo de delitos en los próximos 5 años. Quien incumpla se verá afectado con la revocación del beneficio y deberá volver a cumplir su condena en forma íntegra”, precisó el seremi.
Respecto a los extranjeros, éstos serán enviados a su país, bajo la prohibición de retornar a suelo nacional por el plazo de 10 años.


Por su lado, Edison Coronado, presidente de la Unión Comunal de Chillán, dice observar una dicotomía en la opinión pública, “porque si nos  ponemos en el lugar de las familias que hay detrás de los reclusos, es lógico que compartimos que merecen una oportunidad; pero dependerá de cómo se desenvuelvan a futuro para que la sensación de inseguridad que pueda verse en nuestros barrios no se incremente. Creo que es un proceso a observar”.