A tres años del 27F: ¿Estamos más preparados?

Prontos a cumplir tres años desde el último terremoto de proporciones que sacudió al país, la historia tiene una reiteración grave. Las capacidades institucionales, sólo considerando la habilidad de respuesta a la emergencia, nos siguen penando, afectando la supervivencia de la población, sobre todo de los más pobres. Cabe considerar que tras el #27F, en las regiones de O’Higgins, el Maule y Bío-Bío, “un 10,5% de la población disminuyó sus ingresos cruzando el umbral de la línea de pobreza”, lo que se traduce 500 mil personas, alcanzando 3,2 millones a nivel nacional (ver Casen, EPT 2010, Mideplan-PNUD).

El debate ha estado marcado por un majadero e inoficioso reproche sobre las responsabilidades personales que le cabrían a la ex Presidenta Michelle Bachelet, lo que resulta sospechoso ante su posible retorno a la política contingente y opciones de reelección para un segundo mandato. Foco errado si es que se pretende producir cambios y transformaciones en la institucionalidad relacionada con el sistema de protección civil. Chile no ha hecho un “mea culpa” que implique asumir criterios técnicos sobre la preparación para la respuesta, considerando presupuesto e inversión pública y privada, insumos tecnológicos, recursos humanos y coordinación logística, así como también en la formación y promoción de habilidades y capacidades comunitarias para la ocurrencia de emergencias. Esto último, como lección aprendida no ha tenido resultado concreto en materia de política pública.

Cada vez que se presenta una nueva emergencia de tipo catástrofe natural o de inducción humana, surge la interrogante de preparación y dotación de capacidades institucionales y comunitarias para enfrentarles. Es el organismo rector en materia de protección civil quien debe asumir el desafío, lo que en los hechos no sucede en Chile. La Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) es quien debe procurar ser el referente técnico, más no político, no sólo en materia de alerta temprana y respuesta, sino que también en gestión y reducción de riesgos ante desastres.

Surge la imperiosa necesidad de “reformar la gobernanza del riesgo”, ante lo cual se acusó recibo mediante la creación de la Agencia Nacional de Protección Civil (sustitutiva y continuación legal de ONEMI). No obstante, surgen interrogantes respecto a su rol centralizado, engranaje de lentitud en coordinación intra-extra gubernamental y toma de decisiones para la respuesta. ONEMI, dependiente jerárquicamente bajo el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, observa un subdesarrollo técnico y profesional, así como político, lo cual parece extraño dado las potestades que este ministerio tiene, siendo herramientas del sumo necesarias para abordar emergencias y catástrofes. Desde Interior se requiere dotar al nuevo sistema de un grado de autonomía y despliegue efectivo, haciendo de las decisiones lo suficientemente oportunas, sin las torpezas del pasado, y con autoridades no sólo preocupadas por el punto de prensa, los medios y su cobertura.

Cabe indicar que el pasado 8 de enero, recién, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil, cuya presentación del proyecto original fue el 22 de marzo del año 2011. Sacando cálculos, tras el #27F se cuenta más de un año en la presentación de un proyecto que modernice y agilice la institucionalidad del área. Tras el mismo evento, ad-portas de tres años de conmemoración de la tragedia, de reconstrucción poco se puede lucir.

El trabajo debe ser multisectorial, donde no sólo los sectores público y privado jueguen un rol, sino que, sobre todo, el sector público pueda coordinar de manera eficiente y eficaz sus propias agencias, sin obviar a las fuerzas armadas, de orden y seguridad y, por cierto, a gobiernos provinciales y municipios. Estos últimos son clave para la incorporación de la sociedad civil en estas materias, puesto que al hablar de gestión del riesgo ante desastres, más allá de tecnicismos, se trata sobre una aplicación práctica para la planificación, ejecución, control y toma de decisiones, en un plano que posibilite a las comunidades, sean regionales y/o locales, analizar su entorno de manera integral, desarrollando propuestas de acción colectiva a favor de la reducción de riesgos existentes.

La gestión y reducción de riesgos ante desastres implica “inversión pública y planificación”. En el Informe de Evaluación Global sobre la Reducción del Riesgo de Desastres2011 -GAR-, se indica de manera precisa que la magnitud de los costos ante la ocurrencia de un desastre no se tiene en cuenta hasta que efectivamente se desata una catástrofe, lo que hace prioritario el que la inversión en reducción de riesgo sea una línea permanente en la gestión del nuevo sistema, así como de las agencias asociadas. Sólo para el caso del #27F, los daños se cuantificaron en 30 mil millones de dólares, lo que se traduce en 200 mil viviendas destruidas, 2 millones de damnificados y 75% de la población nacional afectada.

¿Entonces de qué se trata la Gestión y Reducción de Riesgos ante Desastres? Se trata de poseer una visión integral frente a la vulnerabilidad que Chile tiene respecto a la ocurrencia de desastres naturales y emergencias, tratándoles de manera articulada, conjunta y resolutiva entre el sector público, privado y la sociedad civil, de manera previa, con inversión real a través de programas y acciones coherentes en una política pública que tenga como horizonte la protección civil.